La transición hacia una economía circular como eje del desarrollo productivo en México fue el planteamiento central del Dr. Germán Ruiz Méndez, director general de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Desde esta perspectiva, abordó la articulación entre política ambiental, competitividad industrial y crecimiento sostenible.
Durante su intervención, señaló que México atraviesa un momento decisivo para integrar de forma equilibrada las dimensiones ambiental, social y económica del desarrollo sostenible. La sostenibilidad —añadió— debe asumirse como un componente transversal que incide en la planeación industrial, la inversión, la productividad y la resiliencia institucional, y no como un eje aislado de la política pública.
Prioridades ambientales 2024–2030: una visión estructural
El Dr. Ruiz Méndez expuso que la política ambiental nacional para el periodo 2024–2030 se estructura en seis prioridades estratégicas que buscan atender rezagos históricos, enfrentar los efectos del cambio climático y abrir nuevas rutas de desarrollo:
En primer lugar, destacó el saneamiento y la restauración de ríos y cuencas prioritarias: Lerma–Santiago, Atoyac y Tula, en el marco del Plan Nacional Hídrico. La recuperación de estos sistemas impacta en la salud pública, la productividad regional y la seguridad hídrica, además de los beneficios ambientales que implica.
En segundo término, mencionó la tecnificación del riego agrícola como una medida clave para mejorar la eficiencia en el uso del agua, reducir presiones sobre los recursos naturales y fortalecer la producción agroalimentaria.
En materia de acción climática, México mantiene el objetivo de reducir 35 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y de alcanzar una captura de 400 millones de toneladas de carbono hacia 2035. En este contexto, se impulsa el desarrollo de biocombustibles, como el etanol y los combustibles sostenibles de aviación (SAF), como parte de una estrategia integral de mitigación.
Entre las líneas estratégicas destaca la iniciativa República Basura Cero, concebida como la base de la transición hacia la economía circular, acompañada de la restauración ambiental, la conservación de ecosistemas y la protección del 30 % del territorio nacional bajo la meta 30×30, así como la reforestación de 100 mil hectáreas de bosques y 18 mil hectáreas de manglares.
La justicia ambiental completa este conjunto de prioridades, a través de proyectos emblemáticos como el Río Sonora y la Presa Endhó, así como acciones para mejorar la calidad del aire en las principales zonas metropolitanas del país.
De la gestión de residuos a la economía circular
Un punto relevante de la exposición fue el tránsito conceptual y operativo de la gestión de residuos hacia la economía circular.
El Dr. Ruiz compartió datos que dimensionan el reto: México produce más de 120 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, con una producción per cápita cercana a 0.944 kg por habitante al día. En el caso de los residuos peligrosos, más del 94 % proviene de grandes productores, lo que evidencia la responsabilidad compartida del sector productivo.
Ante este escenario, explicó que la economía circular implica un cambio de paradigma: pasar de un modelo lineal de producir–usar–desechar a uno que prioriza la prevención, la valorización de materiales, el reciclaje y la reincorporación de insumos a los procesos productivos. Este enfoque promueve el desarrollo de nuevas industrias, servicios especializados e infraestructura moderna, con un papel activo de la industria manufacturera.
Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar
El Dr. Ruiz Méndez se refirió a los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBIs) como uno de los instrumentos más innovadores de esta política, ya que buscan detonar ecosistemas industriales circulares por medio de infraestructura compartida, incentivos fiscales y certidumbre normativa.
Comentó dos casos emblemáticos: el Parque de Economía Circular de Hidalgo, primer PODECIBI del país, que suma nuevas líneas de negocio vinculadas a empresas productivas del Estado; y el de Quintana Roo, orientado a la valorización del sargazo.
En este último, el arribo previsto de más de 80 mil toneladas de sargazo en 2025 exige coordinación entre gobierno, industria y academia. También abre la posibilidad de transformar un problema ambiental en insumo con valor económico.
Los PODECIBIs permiten que el sector privado se involucre tanto como desarrollador de infraestructura como operador de procesos industriales circulares, lo que fortalece la competitividad regional y la innovación.
Marco normativo y corresponsabilidad productiva
En el ámbito normativo, el Dr. Ruiz Méndez apuntó que la Ley General de Economía Circular es el pilar jurídico de esta transformación, al establecer el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), mediante el cual fabricantes e importadores asumen responsabilidad ambiental sobre el diseño de sus productos, su vida útil y su aprovechamiento al final del ciclo de vida.
La implementación de la REP se concibe de manera gradual, a partir de acuerdos sectoriales, metas de cumplimiento y convenios con el sector productivo, complementados con incentivos fiscales y esquemas de compensación ambiental. Este enfoque busca brindar certidumbre y fomentar el compromiso conjunto entre gobierno e industria.
Acciones en territorio y cultura ambiental
El Dr. Ruiz resaltó que la política de sostenibilidad se materializa también en acciones concretas en territorio, como las campañas de limpieza de playas y ríos y los programas de retiro de envases agroquímicos, que refuerzan la participación social y contribuyen a consolidar una cultura ambiental alineada con los principios de la economía circular.
Reflexión final
En su mensaje final, el Dr. Germán Ruiz Méndez afirmó que la sostenibilidad y la economía circular constituyen palancas estratégicas para el desarrollo productivo, la competitividad industrial y el bienestar social. La colaboración entre autoridades, industria y sociedad será determinante para avanzar hacia este nuevo modelo de desarrollo y afianzar la transición hacia una economía más circular, resiliente e incluyente.
