Por Dr. Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía
La industria de manufacturas eléctricas ha sido, por décadas, una pieza silenciosa pero indispensable del desarrollo industrial de México. Cada planta manufacturera, cada sistema de transporte, cada proyecto energético y cada proceso de digitalización dependen de equipos eléctricos confiables, certificados y producidos con altos estándares de calidad. No es casualidad que, en los últimos cinco años (2020-2024, último año de información disponible), de acuerdo con la medición trimestral del PIB, del INEGI, el sector haya mostrado un crecimiento promedio de 7 % anual en el valor de su producción y, en general, un crecimiento constante a partir de 2011.
Este dinamismo no ocurre en el vacío. A nivel global, la reindustrialización, la relocalización de cadenas productivas, el incremento en la demanda de electricidad y la creciente preocupación por la seguridad energética colocan a la industria eléctrica como un sector habilitador del crecimiento económico.
Hoy, contar con una capacidad productiva para fabricar transformadores, tableros, conductores, sistemas de control y automatización o componentes para energías renovables, significa disponer de los insumos necesarios para generar y distribuir la energía eléctrica del país, lo que permite llevarla a hospitales, escuelas, fábricas y hogares, y con ello, habilitar derechos fundamentales para las y los ciudadanos.
Durante muchos años, el desarrollo de este sector —como el de buena parte de la economía— se dejó en manos del mercado, lo que llevó a las empresas mexicanas a buscar especialización productiva, nichos de negocios y nuevos mercados. A partir de este proceso se consolidaron capacidades industriales relevantes, aunque con limitada transferencia tecnológica, bajos niveles de innovación y una fuerte concentración territorial de la inversión, lo que derivó en un desarrollo desigual entre las regiones del país.
Mientras tanto, otros países reforzaron sus industrias estratégicas —entre ellas. la de manufacturas para la generación y transmisión de energía— con un fuerte acompañamiento por parte del Estado, lo que dio lugar a una competencia internacional en condiciones desiguales.
Ante este escenario surge el Plan México, el primer esfuerzo en décadas orientado a articular una política industrial diseñada para la recuperación y el desarrollo de sectores específicos. En particular, para el sector de las manufacturas eléctricas se ha impulsado una estrategia ambiciosa construida en torno a dos acciones centrales:
- Aprovechar la alta inversión en transmisión y generación por parte de la CFE, con el fin de incrementar la demanda de bienes e insumos nacionales mediante su estrategia de compras públicas. Con ello, se planea aumentar el contenido nacional de insumos y bienes: del 25 al 60 por ciento en distribución (subestaciones, tableros, cuchillas); del 30 al 60 por ciento en transmisión (cables y aisladores), y del 25 al 35 por ciento en generación (transformadores, acero estructural).
- Facilitar la producción industrial de bienes e insumos del sector mediante la instalación acelerada de capacidad productiva en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBIS). Para este propósito, se promoverá la producción y la aglomeración industrial a través de incentivos fiscales y facilidades administrativas, así como el aprovechamiento de laboratorios compartidos, clústeres de proveedores, formación técnica especializada y vinculación con universidades y centros de investigación, lo que permitirá que las empresas eléctricas inviertan en procesos más complejos, desarrollen soluciones integradas y aumenten su contenido nacional.
Con estas acciones se espera la construcción de ecosistemas productivos que, además de impulsar la innovación y atraer inversión, generen empleos bien remunerados y promuevan un desarrollo regional más equilibrado.
Para que esta oportunidad se materialice, se requiere un enfoque de política pública integral y moderna, basado en la coordinación entre actores y sectores, a partir de un compromiso compartido con México y su industria. Esta colaboración, para ser exitosa, debe incluir al gobierno, la industria y la academia, desde el diseño hasta la ejecución. El sector privado —incluidas las PYMES— aporta inversión y conocimiento productivo; la academia, talento e innovación. Desde el gobierno, el compromiso es acompañar este esfuerzo como un paraguas institucional que dé certidumbre, articule a los actores y asegure que el crecimiento industrial sea sostenido y equitativo.
En un entorno internacional marcado por la incertidumbre, fortalecer la industria eléctrica mexicana no es sólo una apuesta sectorial: es una decisión estratégica para el desarrollo industrial, la seguridad energética y la prosperidad compartida del país. La oportunidad está ahí, ahora es responsabilidad de todos trabajar para aprovecharla.
